La concreción de la venta de las acciones de Telefónica Movistar a Millicom marca un punto de inflexión para el sector de las telecomunicaciones en Colombia. No se trata únicamente de una operación empresarial de gran escala, sino de un movimiento que reordena el tablero competitivo, redefine el papel del Estado y obliga a una reflexión más amplia sobre el futuro de una industria esencial para el desarrollo económico, social y cultural del país.

Con esta transacción, Millicom pasa a controlar el 67,5 % de la compañía, a la espera de cerrar la negociación con el Estado por el 32,5 % restante. El resultado será un operador de gran tamaño, con músculo financiero, capacidades técnicas robustas, talento humano especializado y una base cercana a los 41 millones de líneas móviles. En la práctica, nace un competidor con el peso suficiente para equilibrar el mercado y disputar, de tú a tú, el liderazgo histórico de Claro.

Este nuevo escenario deja atrás una etapa de fragmentación que, lejos de fortalecer la competencia, terminó debilitando la sostenibilidad del sector. La consolidación de Tigo y Movistar no elimina la competencia; por el contrario, la reconfigura sobre bases más realistas. Hoy, el país se encamina hacia un modelo con tres operadores fuertes —Claro, Tigostar y Wom— acompañados por operadores móviles virtuales de nicho, una estructura que no solo es común en economías avanzadas, sino que ha demostrado ser más eficiente y sostenible en el largo plazo.

Del lado de Claro, la fusión implica enfrentar a un competidor de tamaño similar, lo que obliga a redoblar esfuerzos en inversión, calidad de servicio e innovación. Del lado de Wom, se consolida su rol como actor disruptivo, con una oferta agresiva en precios y una estrategia enfocada en democratizar el acceso, tras haber superado una crisis financiera con el acompañamiento del Estado. Este equilibrio de fuerzas augura una competencia más técnica y menos basada en guerras de precios insostenibles.

Sin embargo, esta buena noticia empresarial también actúa como una señal de alerta. El sector de las telecomunicaciones atraviesa una paradoja global: inversiones cada vez más altas, especialmente en redes 4G y 5G, frente a ingresos que crecen poco o incluso se reducen. Mientras tanto, gigantes digitales como Netflix, YouTube, Meta, Disney o TikTok concentran buena parte del tráfico y del valor económico generado, sin contribuir proporcionalmente al sostenimiento de la infraestructura que hace posible su operación.

Esta asimetría plantea un debate ineludible para los reguladores y los gobiernos. Pretender sostener artificialmente a múltiples operadores en un mercado con márgenes cada vez más estrechos no solo es ineficiente, sino riesgoso. La experiencia internacional demuestra que la fortaleza del sector no depende del número de empresas, sino de la existencia de reglas claras, competencia efectiva y operadores con capacidad real de inversión.

En ese sentido, el rol del Estado no debe ser el de fragmentar el mercado, sino el de garantizar un entorno regulatorio moderno, equilibrado y predecible. Un entorno que incentive la inversión, proteja al usuario final y asegure la continuidad y calidad de un servicio que hoy es tan esencial como el agua o la energía. Colombia, de hecho, se destaca dentro de la Ocde por tener algunos de los precios más bajos para los usuarios, una ventaja competitiva que debe preservarse sin sacrificar sostenibilidad.

La fusión Tigo-Movistar también obliga a pensar en el futuro digital del país. Redes más robustas, mayor cobertura, mejores velocidades y servicios innovadores son condiciones indispensables para cerrar brechas sociales, impulsar la economía digital y fortalecer la competitividad nacional. Ninguno de estos objetivos es viable con operadores financieramente frágiles o atrapados en modelos de negocio inviables.

‘Tigostar’, más que un nombre simbólico, representa una etapa de madurez del mercado. Una etapa en la que la competencia no se mide solo por la cantidad de actores, sino por su capacidad de innovar, invertir y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos. El desafío ahora será que esta consolidación se traduzca en beneficios concretos para los usuarios y en un sector más sólido, preparado para enfrentar las exigencias de la transformación digital que el país necesita.